Columna de opinión – por O.I.N
lo que a continuación se encontrará hacer parte de una perspectiva subjetiva y no de un reporte factual o investigativo.
Por primera vez en mucho tiempo, un sector históricamente excluido se sentó a la mesa de la gobernanza. Participó, debatió, propuso. Artistas, líderes, gestores, entre otros actores culturales se dedicaron meses a nutrir con su experiencia el Plan Decenal de Cultura y la política pública del sector cultural. Creyeron, incluso con escepticismo, que esta vez el ejercicio no sería solo un formalismo.
Pero la realidad, implacable, se impuso.
Lo que parecía una conquista democrática terminó convertido en papel mojado. Los acuerdos se diluyeron en trámites burocráticos. El mismo sector que ayudó a construir el plan fue luego quien lo deslegitimó. Las críticas, más que constructivas, se volvieron excusas para sepultar lo construido. El resultado: letra muerta.
Lo insólito es que esta demolición no vino de dictaduras, sino de gobiernos elegidos por voto popular. Son estos quienes, con una mano levantan banderas de participación, y con la otra entierran los procesos que dicen promover. La democracia, reducida a un decorado.
El caso reciente del Festival Gospel en Suacha, rechazado por sectores culturales, es una muestra más de cómo las decisiones públicas se imponen sin diálogo real con los actores del territorio. La participación es tolerada siempre que no incomode ni afecte los «caprichitos» de algunos tantos que quieren usar la cultura como comodín a sus interés y su voluntad.
… Y no se trata de atacar a una comunidad religiosa, sino de señalar que el festival no está incluido en el Plan Decenal de Cultura, mapa cultural trasado hasta el año 2033 y, por ello, no debería recibir recursos destinados al sector cultural.
Quizá sea hora de hacer un acto simbólico y radical: enterrar oficialmente la política pública y el Plan decenal de Cultura. Dejar de fingir que aún respiran. Y así, con la misma claridad con la que se asumió la responsabilidad de construir, asumir también el derecho de declarar su muerte ante una democracia que se comporta como verdugo.
